En noviembre de 2023, un visita oficial de una delegación de parlamentarios chilenos a la zona fronteriza de México y Guatemala, dejó al descubierto una realidad oculta para nuestro país: miles de niños de nacionalidad chilena, ya sea de padres connacionales o de otras nacionalidades, viven en constante peligro debido a procesos de migración iniciados por sus progenitores hacia el norte del continente americano. En ese momento pudimos comprobar en terreno, el paso de migrantes por pasos no habilitados y el serio peligro que corren familias completas y sobre todo los menores de edad. Esta visita de inspección, en conjunto con la Comisión Mexicana de Apoyo al Migrante, desnudó un cruda situación con datos demasiado demoledores: aoctubre de 2023 México recibió más de 127 mil solicitudes nuevas de asilo, de estas últimas, 41.523 son de Haití, 36.480 son de Honduras, 15.764 son de Cuba, 5.545 de el Salvador, 5.372 son de son de Guatemala, 5.151 son de Venezuela, 3.617 de Brasil, 3.349 son de Chile. El caso de nuestro país, es el que más llama la atención, pues se trata del punto geográfico más lejano a estas fronteras y en la se trata en la mayoría de los casos se trata de familias haitianas o venezolanas, pero con hijos nacidos en Chile, por lo cual tienen la nacionalidad chilena. Como Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos, del Senado en Chile manifesté de inmediato mi enorme preocupación a las autoridades chilenas, sobre todo considerando las precarias condiciones de miles de niños chilenos, que si bien son hijos de padres de otras nacionalidades, solo por haber nacido en Chile, genera la obligación de proteger sus derechos. Lo más impactante fue ver cómo transitaban por zonas no habilitadas, como el paso de los limones desde Guatemala a México en balsas improvisadas y la triste realidad de Tapachula donde deben esperar por días sin comida ni agua, para ver como atraviesan de un país a otro. Desde México, solicité formalmente al Gobierno de Chile y la Defensoría de la Niñez, fiscalizar este tema y ver cómo prestar la ayuda necesaria, a nivel internacional. Una vez, en territorio nacional, reiteré mi preocupación y con cifras en mano acudió a los organismos correspondientes. Este 2024, México ya ha reportado 533 personas de nacionalidad chilena que han sido reconocidas con la condición de refugiada, pero 8.837 personas de nacionalidad chilena que han solicitado reconocimiento y se encuentran en espera de una decisión. A mediados de enero de 2024, y consciente de la gravedad de la situación, es que convoqué a diversos actores y entidades a la Comisión de Derechos Humanos, para analizar estos casos. Las noticias no fueron alentadoras, pues en medio del debate se confirmó que más de 17 mil niños chilenos sufren el riesgo de abusos, tanto físicos como sexuales y sicológicos, en medio de este proceso de migración y desplazamiento por las fronteras de Panamá, Guatemala y México. Los informes de la Defensoría de la Niñez y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados confirmaron las cifras y se decidió oficiar a consulados de varios países, más la creación de una guía para proteger a los niños migrantes. Una dramática realidad que viven todos los días con niños de nacionalidad chilena, ya sea hijos de padres extranjeros o connacionales, que decidieron dejar el país para trasladarse hacia norteamérica, atravesando varios territorios, pero con enormes riesgos para los derechos de los menores de edad. En su presentación, Anuar Quesille, Defensor de la Niñez de Chile, señaló que “hemos venido a corroborar nuestra preocupación por esta difícil situación que implica la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes de nacionalidad chilena y que se encuentran en contexto de movilidad, avanzando hacia la frontera norte, con la finalidad de llegar a Estados Unidos. Las cifras dan cuenta de una realidad preocupante, respecto de los cuales el Estado debe asegurar sus derechos, garantías y protección integral. Es importante un actuar coordinado entre el Gobierno, el parlamento, los organismos internacionales y nosotros como Defensoría de la Niñez. Datos que calaron hondo entre los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, con los cuales por unanimidad decidimos oficiar a los consulados de países como Guatemala, México, Panamá, Perú, Bolivia, Bélice, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, entre otros, con el objetivo de iniciar medidas de protección para los niños, sobre todo porque la gran mayoría son menores de cuatro años. En mi intervención, reiteré que estamos en presencia de una situación dramática que dice relación con la grave vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y por eso, la necesidad que el Estado de Chile se haga cargo, a través de la Cancillería para generar una guía de apoyo consular para aquellas personas que se desplazan y que son de nacionalidad chilena y una alerta consular en los lugares de tránsito. Declaraciones que fueron respaldada por Daniel Ruiz, representante de ACNUR, que también expuso ante la Comisión. “Estamos constatando la clara convicción de Chile de proteger a sus connacionales, iniciando en las fronteras de Chile hacia Bolivia, Perú, Colombia y toda Centroamérica. La situación de riesgos que se constata en toda la ruta y ver cómo poder responder a esto estableciendo medidas de coordinación y cooperación, nos llena de satisfacción”. Una de las solicitudes realizadas, apuntó a clarificar las medidas que nuestro país está tomando con respecto a estos casos, y la situación de niños, niñas y adolescentes chilenos en tránsito por américa. La Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior emitió un informe, el cual señala que en base al Decreto N°181, que establece la Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME), primera política oficial del Gobierno de Chile en abarcar la temática migratoria de una manera integral y holística. Ésta se establece y define en los artículos 22 y 23 de la ley N°21.325, de Migración y Extranjería, promulgada el 27 de diciembre del 2023, uno de los enfoques transversales con el objetivo de hacer efectivos los principios que el Estado debe incorporar en su accionar de acuerdo con las obligaciones internacionales y el derecho interno. Estos son: Derechos Humanos, Género, Derechos de la Niñez y Adolescencia e